A nueve años de la Ley Cholito: el desafío de convertir acciones en resultados

Chile tiene hoy cerca de diez millones de perros y gatos con tutor. Los datos muestran que, en la última década, se ha avanzado en esterilización de hembras, pero no ocurre lo mismo con los machos. Asimismo, se mantiene un bajo porcentaje de identificación y registro.

Abandono, maltrato, reproducción sin control, animales circulando sin supervisión y daños a personas, otros animales o al medio ambiente. Esas son algunas de las situaciones que la Ley 21.020 o «Ley Cholito» -promulgada en 2017- buscó prevenir al establecer obligaciones para una tenencia responsable.

Casi una década después, los datos disponibles muestran avances, pero se mantienen brechas. El estudio nacional UC-PTRAC de 2024 – basado en una encuesta nacional aplicada en 2021 por la Escuela de Medicina Veterinaria UC en conjunto con el Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía- estimó que en el país vivían entre 6.6 y 7.3 millones de perros y entre 2.9 y 3.4 millones de gatos con tutor. Dentro de esta población, un 12,9% de los perros y un 20,9% de los gatos tenía acceso al exterior sin supervisión.

“El estudio nacional reportó 59% de esterilización en perras y 68% en gatas. En contraste, persisten brechas importantes en los machos, particularmente en perros, con alrededor de 21% esterilizado”, explica Rodrigo Morales, médico veterinario de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable del Colegio Médico Veterinario (Colmevet) y profesor de la Escuela, donde dirige un curso de formación general en la materia.

La misma distancia entre la norma y la práctica aparece en la identificación y el registro. Según el académico, solo cerca de un tercio de los perros y un 18% de los gatos estaban simultáneamente con microchip e inscritos en la plataforma registratumascota.cl, pese a que ambos requisitos son obligatorios por ley y su incumplimiento arriesga multas.

Asimismo, otro estudio derivado de la encuesta nacional reportó que un 65% de los animales considerados había recibido atención veterinaria al menos una vez durante el año y un 71% había tenido control antiparasitario.

Medir impacto, no prestaciones

El académico aclara que informar cuántos animales fueron esterilizados, cuántos microchips se instalaron o cuántas charlas se realizaron permite conocer la actividad y la ejecución, pero no necesariamente el impacto.

La meta, sostiene, no debe reducirse a cumplir una cifra de esterilizaciones, sino a alcanzar una cobertura reproductiva que permita disminuir la reproducción no planificada, el ingreso de nuevos perros a la población y sus impactos asociados.

«Una intervención exitosa es aquella que modifica las problemáticas locales y puede demostrarlo. Eso exige seguimiento durante varios años, continuidad presupuestaria y capacidad técnica para recopilar, analizar y comunicar información», afirma Morales.

Una política distinta para cada territorio

«No existe una única realidad nacional», advierte el profesor, quien subraya que «las soluciones deben diseñarse desde el territorio y no limitarse a replicar acciones definidas desde el nivel central». La capacidad de implementación tampoco es uniforme: mientras algunos municipios cuentan con equipos especializados, otros disponen de un solo médico veterinario para fiscalizar, esterilizar, educar y responder denuncias.

«Antes de intervenir, cada municipio debería construir un diagnóstico territorial que considere, al menos, población animal, cobertura de control reproductivo, perros de libre desplazamiento, mordeduras, zoonosis, denuncias, abandono, acceso a servicios veterinarios y percepción de la comunidad», plantea Morales.

Prioridad de cara a los próximos diez años

“El desafío para los diez años no es crear otra ley, sino lograr que la existente pueda implementarse de manera efectiva, preventiva y sostenible”, sostiene Morales. 

Esto, a través de una mayor dotación de profesionales veterinarios, la fiscalización de los municipios y mejores capacidades de las personas para cuidar a sus animales. 

Y el avance debería medirse combinando indicadores de cumplimiento: registro, fiscalización, cobertura de servicios y capacidad municipal- con resultados territoriales. 

“Fiscalizar es indispensable, aunque por sí solo no resuelve el problema si los tutores carecen de conocimientos, recursos, acceso a servicios veterinarios o herramientas para enfrentar dificultades de convivencia”, afirma el académico.

Por eso señala que es clave fortalecer el vínculo humano-animal, ya que cuando este es responsable y se acompaña de capacidades de cuidado, mejora la atención veterinaria preventiva, aumenta el manejo reproductivo y disminuyen la deambulación sin supervisión, el abandono, el maltrato y daños a otras personas, animales y ecosistemas.  

¿Qué exige la Ley Cholito?

• Identificar al animal mediante microchip e inscribirlo en el Registro Nacional de Mascotas.
• Proporcionarle alimento, agua, hogar seguro, buen trato y cuidados veterinarios esenciales.
• Responsabilidad de supervisión y evitar daños a personas, otros animales o bienes.
• Utilizar correa o arnés en espacios públicos y bozal cuando corresponda.
• Recoger sus desechos y respetar las normas de higiene y seguridad.
• Responder legalmente por los daños físicos o materiales que pueda causar.